Desde 1874 la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) viene desarrollando dos funciones fundamentales para el desarrollo de la Hacienda Pública, es decir para la gestión de los fondos públicos obtenidos a través del sistema tributario de los contribuyentes: el control gubernamental (en cuanto control interno dependiente del propio Poder Ejecutivo pero no de cada centro gestor sino del propio Gobierno que dirige la Administración y hasta donde alcanza su poder de dirección) y la contabilidad pública como centro gestor (llevanza directa de la contabilidad de los Ministerios; elaboración de la Cuenta General del Estado que el Gobierno rinde al Tribunal de Cuentas y en consecuencia al Parlamento) y directivo (normas y directrices contables de todos los entes públicos). Muy pocas instituciones de la Administración española presentan una carta de servicio tan dilatada de ejercicio prácticamente ininterrumpido de dos funciones, básicas para el funcionamiento del Estado, en un desarrollo continuo y de mejora progresiva y constante al servicio de la Hacienda Pública española, y en definitiva de la sociedad y de los ciudadanos.
Como órgano de control la IGAE es la encargada de verificar, mediante el control previo de legalidad y el control financiero y la auditoría pública, que la actividad económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
Como centro gestor y directivo de la contabilidad pública le compete proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independiente sobre la gestión pública. Y en este sentido tiene la responsabilidad de elaborar las cuentas económicas del sector público según la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, cuyo más concreto y específico resultado es la determinación de la cifra, fundamental en la vida económica de la nación, de déficit público y tanto del total de las Administraciones Públicas como de cada uno de sus subsectores (Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social).
Desde 1989 tiene atribuida además la función de control de la correcta utilización por los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas de los fondos recibidos y en este sentido entran dentro de su ámbito de actuaciones, aquellas derivadas del ejercicio del control de los fondos europeos, en particular en lo que se refiere al ejercicio de las funciones de autoridad de auditoría de acuerdo con la propia normativa comunitaria y el reconocimiento y acreditación de tal carácter por las autoridades comunitarias, en aquellos programas en los que la IGAE ostenta tal condición.
También, desde 1996, es el Centro encargado de la programación, diseño y ejecución de la política informática de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Todas estas funciones se ejercen y desarrollan con autonomía funcional e independencia profesional, sustentada de forma esencial en la capacitación y probidad de los funcionarios encuadrados en los dos Cuerpos que también prácticamente desde sus orígenes se establecieron para desarrollar especializadamente estos cometidos: el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, con el apoyo fundamental de los funcionarios superiores y técnicos de tecnologías de la información y del resto de personal funcionario y laboral que ocupa sus correspondientes puestos de trabajo en este Centro.
Sin detrimento de estas notas de autonomía e independencia, también desde su creación la IGAE se ha adscrito, a efectos administrativos y de encuadre presupuestario y orgánico, como Centro Directivo superior al Ministerio de Hacienda (desde 1996 con rango de Subsecretaría), y en la actualidad a través de la Subsecretaría, como exponente del desarrollo de estas funciones en el ámbito de la gestión de la Hacienda Pública.
La organización potencia una cultura interna que promueve la mejora continua, el trabajo en equipo e implicación del personal como elementos clave para aumentar la eficacia, eficiencia y calidad de los trabajos y el refuerzo de la transparencia en la gestión de los fondos públicos.